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Nuevo capítulo en la fuga de alias ‘El Enano’ descubre a servidor judicial que se hizo pasar como fiscal para ir por una supuesta caleta de las Farc
Bogotá, D.C. 7 de octubre de 2025. La investigación disciplinaria sobre los hechos que rodearon la fuga de Raúl Alzate Balanta, cabecilla de alto valor de las disidencias de las Farc en Caquetá, arroja nuevos y determinantes hallazgos sobre la manera en que se planeó y ejecutó el plan criminal que, al final, le permitió a alias ‘El Enano’ evadir la acción de las autoridades.
Además del abogado Jimmy Andrés Gasca, excluido hace pocos días de la profesión tras ser identificado como el presunto cerebro de la operación ilegal, la Alta Corte resolvió la situación jurídica de un asistente de Fiscal que participó de manera activa y directa en los hechos que el 17 de octubre del año 2020 terminaron con el escape del peligroso delincuente.
Como ya es de conocimiento público, Alzate Balanta y el abogado llegaron a un acuerdo para ir en busca en una millonaria caleta de las Farc, ubicada en el corregimiento de Peñas Coloradas, en jurisdicción de Cartagena del Chairá.
De acuerdo con la información recolectada, en la supuesta ‘guaca’ había 8 mil millones de pesos en efectivo y armas, enterrados en una caneca de la que tendría pleno conocimiento ‘El Enano’, quien con la ayuda de dos patrulleros de la Policía (uno de ellos asesinado días después) salió ilegalmente de la URI donde estaba recluido.
Del análisis probatorio se desprende que el asistente de Fiscal, Edgar Hernán Varona, fue la ficha clave de todo el entramado criminal. Según el material valorado por la Jurisdicción Disciplinaria, fue él quien actuó como guía y enlace del abogado Gasca Osorio, quien le prometió un jugoso botín como recompensa.
Los elementos materiales probatorios revelaron cómo el 16 de octubre de 2020, movilizándose en una motocicleta y con prendas informales, Varona Vargas guió hacia un hotel de Cartagena del Chairá al abogado, a un miembro de la Policía Nacional y a Raúl Alzate Balanta, quienes esa noche pernoctaron allí para, al día siguiente, emprender el viaje en busca del “tesoro enterrado”.
Pero su conducta fue más allá, pues llevado por la ambición, hizo posible el recorrido de la “comitiva” hacia Peñas Coloradas, rechazando el acompañamiento militar (para eliminar cualquier sospecha) y presentándose como fiscal en los controles del Ejército y la Armada Nacional instalados durante la travesía, haciéndole creer a la Fuerza Pública que iban en cumplimiento de una diligencia legal y autorizada de exhumación.
Sin embargo, fueron múltiples las pruebas que desvirtuaron esa versión, entre ellas los testimonios del patrullero David Silva, quien participó en los hechos y se acogió a un principio de oportunidad avalado por la Fiscalía. También rindieron declaración el comandante de la Policía en Caquetá, altos mandos militares de la región, investigadores del CTI e, incluso, el lanchero que trasladó al grupo de personas involucradas hasta la zona rural donde se suponía que estaba la caleta.
También se valoraron registros de llamadas, videos captados por un dron de las Fuerzas Militares, informes de la Fiscalía General de la Nación y documentos que confirmaban que el disciplinable no tenía permiso ni autorización para ausentarse de su sede laboral en Florencia. Todo el material allegado al expediente demostró que no existía ninguna orden oficial ni comisión judicial para realizar ese desplazamiento, y que Edgar Hernán Varona no tenía funciones asignadas para esos días.
La investigación disciplinaria develó igualmente que el asistente de Fiscal pretendió eludir su responsabilidad atribuyéndosela de manera infundada a un tercero, en este caso a su jefe, el fiscal seccional Alexander Suzunaga, quien como lo han informado los medios de comunicación, terminó con su vida el 27 de mayo de 2023, no sin antes dejar algunas grabaciones en las que se refería a los hechos del 17 de octubre de 2020.
Los hallazgos, además, permitieron conocer que la promesa de ‘El Enano’ y su abogado era repartir las ganancias de la ‘guaca’ dejando un 50 por ciento para ellos, un 25 por ciento para Varona y otras personas partícipes de la operación, y el 25 por ciento restante para miembros de la Armada Nacional, razón por la cual se compulsaron copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen si hay miembros de esa institución involucrados.
Así las cosas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial encontró que Edgar Hernán Varona Vargas, siendo servidor público, aceptó una promesa remuneratoria ilegal a cambio de participar en una diligencia no autorizada, sin orden judicial ni respaldo institucional, frente a la cual, en lugar de denunciar, como era su deber, calló y fue protagonista de la operación. Por eso, en fallo con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, la Corte Disciplinaria lo destituyó e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un término de 13 años.
Cabe señalar que frente a esta decisión hubo salvamento de voto del magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo.